En nuestra Patria se produce un aborto cada cinco minutos, un aborto cada cuatro nacimientos, y uno de cada 5 embarazos acaba en aborto; todos los datos anteriores se refieren solo al aborto quirúrgicos legales y el 97% de estos asesinatos se perpetra en centros privados. El 95% de los asesinatos de fetos se cometen por “la salud de la embarazada” y el aborto es gratis en la Seguridad Social, mientras a las familias numerosas se las persigue fiscalmente.
Según la patronal de las clínicas abortivas (ACAI), un aborto costaba a la madre asesina, hace tres años, entre 240 y 480 euros. La practica del aborto (“abortismo”) hunde cualquier pirámide poblacional sana e hipoteca a medio plazo todo el bienestar económico al dejar sin el suficiente recambio generacional a una sociedad .
España, el país de la UE con menor índice de natalidad
A día de hoy, y desde hace años, España es el país de la UE con menor índice de natalidad (y el que menos ayuda a la familia) y ha ocupado durante muchos años el terrorífico primer puesto entre los menos fértiles (en 2001 al menos).
Y el panorama ha empeorado con la nueva Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- (de 3 de marzo, vigente desde el 5-VII-2010), que eleva el aborto a la categoría de “derecho”, permite a cualquier mujer abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de ningún tipo de explicaciones, podrá interrumpirse el embarazo hasta las 22 semanas si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto (después de la vigésima segunda semana, el aborto sólo podrá producirse si se detecta en el feto una enfermedad “grave o incurable”), las menores de edad de 16 años (la mayoría de edad está en los 18) no necesitarán el consentimiento paterno para abortar (aunque tendrán que informar a uno de sus progenitores y acudir con él a la clínica), e introduce el aborto como asignatura obligada en los planes de estudios.
También tiene otras connotaciones, por un lado la sanidad pública gastará más de 60 millones de euros anualmente en practicar abortos “libres y gratuitos” y por otro se impondrá a gran parte del personal sanitario la obligación de hacerlo, en contra del derecho constitucional a la objeción de conciencia (sentencia del Tribunal Constitucional de 1985: “la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el Artículo 16.1 de la Constitución”.); esto último es, al menos, lo que ya se está intentando al obligar a los profesionales médicos a reflejar por escrito su objeción, relaciones que acabarán siendo “listas negras”, y responsabilizando a los médicos de algo tan ajeno a su función como considerar fundadas o infundadas las circunstancias que alegue una menor de 16 o 17 años para no informar a sus padres.
También se está exigiendo a las enfermeras que entreguen a las embarazadas información proabortista y ni siquiera de les permite añadir información contra el aborto, de tal forma que para los “números dos” de los Ministerios de Igualdad y Sanidad, Isabel Martínez y José Martínez Olmos, incluir fotos de fetos en los sobres, como sucedía en Valencia, es ilegal: “Si meten esas fotos en los sobres estarán coaccionando la voluntad de las mujeres, empujándolas a no abortar; y eso es torpedear el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; o sea, un incumplimiento de la Ley”; es decir, lo que pretende el Gobierno es que haya abortos, no que se impidan, así de claro; y en ello están, impidiendo la objeción de conciencia antiabortista.
Que nada se salve. Los partidarios del aborto están haciendo lo imposible no sólo para encaminar a las jóvenes hacia el crimen, acallar a los padres y romper desde dentro las familias, sino que tratan de instalar la práctica del aborto en el plano de lo vulgar, de lo cotidiano, de la educación, desde la infantil a la universitaria.
España será en 2050 el país más envejecido del mundo
alertadigital.com
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